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JURISPRUDENCIA SOBRE LA FIANZA SOLIDARIA.


La reciente Sentencia dictada por el Tribunal Supremo nº 244/2016 de 13 de abril de 2016 desestima un recurso de casación en el que la parte recurrente sostenía que la exigencia de la firma conjunta de todos los avalistas -tres en total, no habiendo firmado uno de ellos- no podía ser considerada como requisito para la existencia del contrato de fianza respecto de los dos avalistas firmantes demandados. El Alto Tribunal declara que “el régimen de la fianza solidaria en nuestro Código Civil viene presidido por una clara relación de consorcio (consortium) de los fiadores” que se proyecta en la forma de constituir la garantía, “de modo que para su validez se requiere la participación de todos los fiadores”, pues de no ser así “el especial vínculo de solidaridad no surge y, por tanto, no puede ser exigido”.

 

Ésta resolución, unida a la Sentencia de 14 de octubre de 1996 número 808/1996, sienta Jurisprudencia en la materia.

HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO DE REFINANCIACIÓN DEL GRUPO ABENGOA


El pasado día 6 de abril de 2016 el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla dictó Auto de homologación del acuerdo de refinanciación suscrito por Abengoa con sus acreedores financieros. El acuerdo de refinanciación, que ha recibido el apoyo de acreedores que representan más el 75% del pasivo financiero del Grupo y, tal como se indica en el Auto “se limita a prorrogar durante siete meses el vencimiento de las obligaciones de los deudores (..) de modo que se paraliza el deterioro financiero de éstas posibilitando, por una parte, destinar los ingresos que genera su actividad a la satisfacción de los acreedores no financieros (y de un modo destacado, a los trabajadores), y, por otra parte, alcanzar un acuerdo que implique una mejora de las condiciones financieras de las deudoras”. Estas mejoras consisten en la capitalización del 70% de la deuda existente, el aplazamiento del importe restante de ésta, y la aportación de entre 1.500 y 1.800 millones de euros de financiación adicional y de entre 500 y 800 millones de euros de nuevas líneas de avales.

LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ (ACP) DEBE ASUMIR EL PAGO DE PARTE DE LOS SOBRECOSTES DE LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL


En la recta final de construcción de las obras del Canal de Panamá, el Dispute Adjudication Board (DAB), instancia contractual de resolución de conflictos, ha vuelto a reconocer a GUPC (Consorcio adjudicatario de las obras del que forma parte Sacyr) el derecho a recibir el pago de algunos de los sobrecostes reclamados en la ejecución de las obras.

En diciembre de 2015, el DAB, en una nueva decisión, respaldó la pretensión de GUPC a que la ACP abone 17,5 millones de dólares por los sobrecostes y retrasos que se generaron en las obras por la huelga y los incidentes  registrados en Panamá en mayo de 2014.

En enero de 2016, el DAB, en otra diferente decisión, ha estimado otra reclamación de GUPC por importe de 24,60 millones de dólares debido a sobrecostes laborales.

Estas cantidades se suman a los 233,4 millones de dólares que la ACP ha tenido que abonar a GUPC en cumplimiento de una previa resolución de enero de 2015 relativa a la deficiente calidad del basalto que debía emplearse, según lo previsto, en la construcción de la nueva vía del Canal.

DICTADA SENTENCIA CONTRA EL COBRO INDEBIDO DEL “CANON POR COPIA PRIVADA”.


El 20 de octubre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid dictó Sentencia nº 76/2015, en la que ha declarado que la compensación por copia privada o “canon por copia privada” que ciertas entidades de gestión de derechos de autor han cobrado a una empresa durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 carecía de justificación, toda vez que la adquisición de los aparatos y soportes de reproducción digital no se efectuó “con el propósito” de realizar “la copia privada de obras protegidas, sino la reproducción de contenidos” concernientes a la actividad de la propia empresa. En consecuencia, la sentencia ha condenado a dichas entidades a devolver a la empresa los importes que fueron pagados indebidamente por este concepto.

 

AUTORIZADA POR LA CNMV LA OPA POR PARTE DE UNA SOCIMI DE UNA SOCIEDAD INMOBILIARIA


El pasado día 30 de Octubre de 2015 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) autorizó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (“OPA”) de TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A., formulada por MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. a finales del mes de agosto. La oferta se dirige al 100% del capital social de TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A compuesto por 153.967.718 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil Español. El precio ofrecido es de 13,54 euros por acción y ha sido fijado por el oferente de acuerdo con lo dispuesto sobre precio equitativo en el artículo 9 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. Tras la finalización del periodo de aceptación de la Oferta, previsto para el 16 de noviembre de 2015, la Oferente podrá culminar el proceso de adquisición de la inmobiliaria, iniciado a principios del mes de junio de 2015, con la suscripción, por parte de MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. de un aumento de capital de TESTA y un acuerdo de compraventa de la participación en TESTA que hasta entonces ostentaba su accionista mayoritario. Se trata de la primera vez que una sociedad acogida a la Ley 11/2009, de 26 de octubre, que regula las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario realiza una OPA sobre una sociedad hasta entonces no sujeta a dicho régimen legal.